SUCESSO RENOVADO
Como conferencista na sessão de encerramento do IX Encontro
Internacional de Advogados Laboralistas
e do Movimento realizado nas dependências do Hotel Nacional, de 04 a 06
de março de 2015, em Cuba, Havana e com
a presença de mais de 280 delegados presentes, de 18 países, LUCHO, Luis Enrique Ramírez, Presidente
da ALAL, discorre sobre a Carta Sócio Laboral, uma proposta democrática para as
relações laborais no Século XXI:
FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN
CAPITALISTA, GLOBALIZAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. LA CARTA SOCIOLABORAL
LATINOAMERICANA
(*) Luis Enrique Ramírez
(*) Luis Enrique Ramírez
“Lo imposible es lo que tenemos que
hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos los días”.
Simón Bolívar
I. Introducción:
En la “Declaración de La Habana”,
aprobada en octubre de 2008, la Asociación Latinoamericana de Abogados
Laboralistas decía:
“La globalización de la economía
mundial es un dato de la realidad y parece irreversible. Sería necio negarlo.
Pero lo inaceptable es el tipo de globalización impuesta por no más de un
centenar de poderosos grupos económicos, que concentran un tercio del comercio
internacional y que han decidido cómo se deben articular las relaciones en ese
ámbito. Es una globalización planteada desde los intereses de las grandes
corporaciones transnacionales, que segmentan el mundo en países que están del
lado de la concentración del capital, del dominio financiero y de la ortodoxia
del mercado, y países que quedan del lado de la marginación y la pobreza.”
En el marco de una de las crisis
cíclicas del sistema capitalista, quizás una de las más graves, desatada por la
quiebra de Lehman Brothers en 2008, la ALAL destacaba en aquella declaración
que:
“En ese modelo de globalización
floreció un mercado sin nacionalidad. Se formó un sistema monetario
internacional que 2
prácticamente
estaba al margen de las reglamentaciones gubernamentales, con capacidad para
enviar miles de millones de dólares a dar vueltas alrededor del mundo las 24
horas del día.
Se favoreció el dumping social, ya
que el proceso estaba motorizado por poderosos intereses económicos que
escaparon de todo el control estatal, y que buscan una mayor rentabilidad del
capital sin reconocer límites éticos o compromisos sociales. En lo que hace a
los derechos de los trabajadores, impusieron a los gobiernos la idea de bajar
los niveles de protección “a común denominador internacional menos exigente”. A
esto se lo llamó flexibilización o desregulación laboral, que no fue otra cosa
que el abatimiento de los niveles de tutela alcanzados en cada uno de nuestros
países.”
Es claro que la globalización
económica y financiera es una estrategia del llamado neoliberalismo, que se
presenta a mediados de la década del ´70 del siglo pasado planteando la
imperiosa necesidad de imponer en el mundo la libre circulación de bienes y
capitales, la que, supuestamente, llevaría al desarrollo económico y social de
toda la humanidad. Pero para ello, se decía, eran imprescindibles dos
condiciones: mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, “flexibilizando”
el Derecho Laboral, y reestructurar las empresas, ya que el viejo sistema de
elaboración de bienes “taylorista-fordista” no servía más. La empresa con una estructura
vertical, centralizada, que asumía directamente todo el ciclo productivo,
supuestamente era una antigüedad. Se preveía que el abatimiento de las
fronteras nacionales y el rechazo a todo tipo de “proteccionismo”, sometería a
las empresas a mercados cambiantes e inestables, y a presiones externas que
sólo podrían soportar las que hubieran podido subdividir el proceso productivo
y descentralizarse.
Se impone así, por la fuerza de los
hechos y en función de claros intereses de los sectores sociales dominantes, un
nuevo concepto de empresa, la que sólo conserva un núcleo de trabajadores bien
remunerados y con buenas condiciones laborales, mientras externaliza todas las
funciones posibles, las que se contratan o subcontratan con empresas
periféricas. Se produce una transformación en las técnicas de gestión
empresaria, para mejorar la posición de las empresas frente a mercados
naturalmente inestables. Ante una contracción del mercado, baja de la
rentabilidad o problemas financieros, se rescinden los contratos con los
proveedores de servicios, quedando a cargo de éstos el trabajo sucio de las
suspensiones, los despidos, o el cierre de la empresa.
Así, la tercerización aparece como
una consecuencia natural y lógica de la globalización capitalista. La empresa
principal no recurre a ella por un tema de costos laborales, o, al menos, no
sólo para mejorarlos, sino en la búsqueda de la ansiada libertad de gestión,
que le permite flexibilizar al extremo el ingreso y egreso de trabajadores, sin
violentar –en principio- el ordenamiento jurídico vigente. Repito que el
trabajo sucio lo harán sus contratistas o subcontratistas, empresarios que, en
general, son de dudosa solvencia.
Otra enorme ventaja, para los
empleadores, de esta tercerización, es la fractura de la representación
sindical, al aparecer en el establecimiento grupos de trabajadores, empleados
de estas empresas satélites, encuadrados en gremios diferentes, con convenios
colectivos de trabajo diferentes, y con muy escasa voluntad para la acción
colectiva, como consecuencia de su precaria situación laboral.
Desregulación, flexibilización y
tercerización laboral son, entonces, un producto de la globalización del
sistema capitalista. Así de simple.
II. Las consecuencias de la
globalización
La crisis del sistema capitalista
originada en la quiebra de Lehman Brothers, parece demostrar que la
globalización no sólo ha fracasado en su intención de prevenirlas, sino que en
su propio código genético está el germen de la aparición y desarrollo de nuevas
crisis.
La
llamada globalización no es otra cosa que una generalización de valores,
principios e intereses de los grandes grupos económicos que dominan el mundo.
Hoy es un dato de la realidad, fácilmente constatable, que su visión
materialista e individualista sólo ha servido para aumentar y agravar las
desigualdades económicas y sociales. La propia OCDE reconoce que la desigualdad
del ingreso alcanzó su mayor nivel en 30 años. En la actualidad el ingreso del
10% de la población más rica es 9,5 veces más alto que el del 10% más pobre. En
los ´80 la proporción era de 7 veces. Esta desigualdad se explica porque los
ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Lo curioso es
que este fenómeno se produce tanto en las épocas de bonanza económica, como en
las crisis. El período 2008 (quiebra de Lehman) a 2014 no ha sido la excepción.
El retroceso del trabajo con respecto al capital en el reparto de la riqueza
aumentó, creciendo las desigualdades sociales.
Por ahora el epicentro del despojo
parece estar en Europa. El jurista español Antonio Baylos decía, no hace mucho
tiempo, que en Europa las terapias anti crisis han desembocado en un espiral
inagotable de recortes sociales y en una recomposición violenta de la tasa de
ganancia del capital financiero y especulativo impulsada sin diferencias
ideológicas por los poderes públicos. Con su brillante pluma Baylos explica:
“La reducción de salarios y el
aumento del coste de la vida y los impuestos sobre el consumo de bienes
necesarios, la destrucción de empleos y la flexibilización de las relaciones
laborales, el endurecimiento de los requisitos de acceso a las pensiones de
vejez y la disminución de su cuantía, la ampliación de la exclusión social y la
degradación de los servicios de interés general se acompañan del incremento
exponencial de la desigualdad social en términos impensables hasta hace poco en
Europa, se han puesto en marcha con distinta intensidad en función de los
marcos nacionales, la capacidad de resistencia de la población y la potencia
económica del país de que se trate. El saqueo al que se está sometiendo a
Grecia o el rescate que mantiene secuestrado a Portugal son ejemplos de -
terminantes del programa máximo del neoliberalismo triunfante en Europa, y
funcionan simbólicamente como advertencia de lo que puede suceder en países en
dificultad, como España, a la vez que como objetivo a perseguir por influyentes
sectores económicos en esos mismos supuestos.”
El dumping social es el resultado y,
a la vez, uno de los objetivos de la globalización. La búsqueda insaciable de
mano de obra barata y no sindicalizada encuentra en sus reglas de juego el
mejor escenario posible. Los gobiernos, generalmente ávidos de capitales, en
particular los de los países en desarrollo, compiten entre sí para ver quien hace
mejor los deberes, rebajando el costo laboral mediante reformas que tienden a
reducir significativamente el nivel de tutela alcanzado por los trabajadores de
cada país.
Podemos afirmar que, a punto de
partida de sus verdaderos objetivos, la globalización ha sido “exitosa”. En
efecto, hay estudios que demuestran que en 2016, o sea dentro de un año, el 1%
de los individuos más ricos del planeta tendrán una fortuna que será mayor que
toda la riqueza junta del resto. Y lo más llamativo es que las crisis del
sistema capitalista no sólo no los afectan, sino que les permiten aumentar su
fortuna. En 2009 ese 1% de millonarios acumulaban riquezas equivalentes al 44%
del PBI global. En 2014 habían alcanzado el 48%, y en un par de años superarán
el 50%. Así resulta de un informe que la ONG Oxfam, de lucha contra la pobreza,
presentó en el foro Económico y Social de Davos el 21 de enero de 2015. Surge
claramente de él que tras la crisis de 2008, la brecha entre ricos y pobres
siguió agrandándose.
Otra de las conclusiones de este
informe, obvia por otra parte, es que los ricos usan cada vez más sus fortunas
para lograr que las políticas públicas se adapten a sus intereses.
Queda demostrado que el ajuste
estructural impuesto a algunos países europeos, y la demolición impiadosa del
Estado de Bienestar, o lo que quedaba de él, ha tenido un costo social tremendo
y ha generado un ensanche de la desigualdad social. Se pretende que el
costo
de la salida de la crisis lo paguen los sectores de la sociedad más
vulnerables: los niños, los ancianos, los enfermos, los desocupados, los
jóvenes y los trabajadores, mientras paralelamente se intensifica el proceso de
concentración de la riqueza en pocas manos.
Se impulsa reducir los gastos
sociales, disminuir la intervención del Estado en la redistribución de la
riqueza y flexibilizar el mercado laboral, mientras una minoría privilegiada se
enriquece cada vez más. Por eso no asombra lo que está sucediendo en Grecia,
con el triunfo electoral de SYRIZA, un partido de izquierda que ha sabido
cosechar el hartazgo de su pueblo, frente a las políticas de “austeridad”
impuestas por la troika integrada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI,
bajo la batuta del gobierno alemán.
III. De la derrota cultural a la
esperanza: Syriza (Grecia) y Podemos (España)
En varias de mis intervenciones en
estos Encuentros en La Habana me referí a la que llamé la “derrota cultural”
que sufrían nuestros pueblos, que parecía llevar a que las víctimas del
draconiano ajuste estructural impuesto por los planes de “austeridad” de los
organismos financieros internacionales, consideraran su situación como
inmodificable. La sensación era que aceptaban la derrota, porque las usinas
informativas e ideológicas del sistema habían logrado imponer la idea del
triunfo definitivo del capitalismo, el que se presentaba casi como un hecho de
la naturaleza: inevitable.
La crisis económica y financiera
mundial iniciada a partir del 2008 parecía ratificar esa impresión: la salida
que proyectaban los organismos financieros internacionales y los grupos
económicos más poderosos era… más capitalismo. Políticas de “austeridad”
–eufemismo que quiere significar despojo de derechos a los sectores sociales
más desprotegidos- y billones de dólares para el rescate de bancos y banqueros,
fue el camino seguido.
No
obstante, hace tiempo que se intuye que algo nuevo está naciendo. Algo que aún
no tiene forma ni nombre, pero que se manifiesta cada vez con más fuerza, y que
nos permite ver con mayor claridad que lo que estamos viviendo en esta
coyuntura histórica no es otra cosa que una crisis civilizatoria, el
agotamiento de un modo de vida, el fin del paradigma materialista y
economicista capitalista que, entre otras cosas, está llevando al planeta a un
desastre ecológico gravísimo.
Hay un nuevo paradigma en gestación
y, con sus marchas, contramarchas y contradicciones, la “primavera” árabe, el
movimiento “Occupy Wall Street”, el “Movimiento 5 Estrellas” de Italia,
“Podemos” en España y el triunfo de “Syriza” en Grecia, parecen ser sus
manifestaciones. El hartazgo de los pueblos y el rechazo a la vieja dirigencia
política son evidentes. Hay una clara reacción contra el falso bipartidismo en
el que las fuerzas políticas de centroderecha y centroizquierda se disputan y
alternan en el gobierno, mediante batallas cada vez más rituales y con menos
contenido ideológico ya que, domesticadas por el poder económico, cada vez se
parecen más.
En Grecia, Syriza se prepara para
gobernar, y en España Podemos lidera las encuestas de intención de voto para
las elecciones generales del año próximo. No sabemos que suerte correrán, pero
sí sabemos que su aparición en el tablero mundial, a la par que han provocado
un terremoto político, nos ha llenado de esperanza. No somos ingenuos y
conocemos los poderosísimos intereses económicos que apostarán fuertemente a su
fracaso. La supervivencia de sus actuales privilegios y prebendas está en
juego. Pero aún cuando coyunturalmente estas experiencias políticas no sean
exitosas, nada podrá cambiar una realidad incontestable: hoy se verifica una
ampliación de la conciencia social de los pueblos, que les genera confianza, fe
y convicción, para pararse frente a los viejos políticos y tecnócratas, y
rechazar los salvajes planes de ajuste y el despojo de sus derechos.
IV. Los desafíos de Latinoamérica
En un mundo globalizado, a
Latinoamérica no le puede resultar indiferente lo que sucede en Europa. Muy por
el contrario, debemos seguir de cerca lo que hoy ocurre en estos países
europeos, que puede estar anunciando una nueva ola de cambios políticos y una
transformación del tablero geopolítico mundial, y del sistema de alianzas.
Europa, pese a las enormes
diferencias que existen entre sus países (raciales, religiosas, idiomáticas,
histórica, sociales y económicas) pudo avanzar en el camino de la integración
regional, en una experiencia que, a pesar de sus contradicciones, puede
calificarse de exitosa. Latinoamérica, en cambio, avanza a paso de tortuga.
Recién en la última década del siglo XX se verifica un mayor interés de los
gobiernos de la región, por cumplir un mandato de los héroes de nuestra
Independencia: construir la Patria Grande. Esa década alumbró varios gobiernos
progresistas que, con mayor o menor énfasis, convergieron para bajar a la
realidad ese sueño.
Es la única respuesta posible de
nuestros pueblos a las nefastas consecuencias de la globalización capitalista.
En particular, es la única herramienta eficaz contra el dumping social. Porque
no se concibe un verdadero proceso de integración regional, sin establecer un
mismo piso de derechos laborales y sociales para todos los trabajadores
latinoamericanos.
Se equivocan los sindicatos locales
si creen que es posible sostener el nivel de tutela alcanzado, o lograr nuevas
conquistas, cuando los países vecinos ofrecen a los capitales costos laborales
inferiores y una acción sindical débil o, directamente, inexistente. Son ellos,
en consecuencia, los principales interesados en impulsar la integración
latinoamericana y, en su marco, un ordenamiento laboral idéntico para todos los
trabajadores representados.
Y en esa dirección viene trabajando
la ALAL desde hace varios años, proyectando un borrador de una Carta
Sociolaboral Latinoamericana, que debe ser debatida por el movimiento obrero de
la región y sometida a la consideración de sus gobiernos, para la
instrumentación de un tratado multilateral que contenga normas plenamente
operativas y directamente aplicables.
Como esta iniciativa debe partir de
las organizaciones sindicales regionales, la Carta Sociolaboral Latinoamericana
no debe ser un enunciado de derechos “mínimos”, sino que debe reflejar el
modelo de relaciones laborales al que aspiran. Luego, en la mesa de
negociaciones y según el estado de la correlación de las fuerzas, se verá hasta
dónde se puede llegar en un proceso gradual, pero la meta a alcanzar debe ser
clara.
El aporte de los abogados
laboralistas latinoamericanos a ese objetivo es el diseño de un modelo de
relaciones laborales de cara al siglo XXI, el siglo de los derechos humanos.
Por tal motivo, nuestro proyecto de una Carta Sociolaboral Latinoamericana se
apoya en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene como eje
central el principio de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana.
Y desde ahí comenzamos a desgranar todos los demás derechos y garantías
laborales. Así fuimos diseñando un nuevo paradigma laboral, claramente
diferenciado del vigente en la mayoría de nuestros países, que es economicista,
materialista e inhumano.
V. Pero, los derechos laborales ¿son
derechos humanos?
No podemos dar por aceptada
pacíficamente la tesis de que los derechos de los trabajadores son derechos
humanos. Es claro que en la mayoría de los países está en vigencia un paradigma
de relaciones laborales que, al menos en la práctica, niega esta tesis. Pero
hay otro paradigma en gestión que puja por reemplazarlo, partiendo de una
visión del trabajo asalariado totalmente diferente.
En efecto, bien se ha dicho que el
ser humano debe ser eje y centro de todo sistema jurídico y, con mayor razón,
del laboral. Su persona es inviolable, constituyendo un valor fundamental con
respecto
al
cual los restantes valores tienen siempre un carácter instrumental. El trabajo
humano tiene características propias que obligan a considerarlo con criterios
que desbordan el marco del mercado económico, y el contrato de trabajo debe
tener como principal objetivo la actividad productiva y creadora del hombre,
apareciendo sólo después la relación de intercambio económico (doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de Argentina).
En el trabajo humano está en juego,
en primer lugar, la dignidad de la persona que trabaja. En el actual modelo de
relaciones laborales, en cambio, hay una indisimulada pretensión de
cosificarla, considerándola sólo un factor de la producción y un objeto del
llamado “mercado del trabajo”. Pero, como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema
de Justicia, el ser humano es el señor de todos los mercados, el que encuentra
legitimación sólo si tributa a la realización de los derechos de aquél (caso
“Vizzoti”, 14/09/14).
Desde esta óptica se impone, a la luz
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cambiar de raíz aquel
modelo, que hizo del trabajador un ejecutor silencioso y sumiso de órdenes que
vienen de arriba, transformándose en un simple engranaje fácilmente
intercambiable, de una maquinaria manejada por manos cuyo dueño desconoce.
La dignidad, reconocida expresamente
hace más de medio siglo por la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
es inherente a todas las personas humanas, por el solo hecho de serlo. De ese
reconocimiento emana una serie de derechos esenciales del ser humano, que lejos
de perderse o atenuarse cuando ejerce su rol de trabajador, se potencian con
singular énfasis por vía de los tratados internacionales y convenios de la
O.I.T. que lo protegen. Por eso los derechos laborales son derechos humanos,
porque están directamente vinculados con la subsistencia de la persona, que es
lo mismo que decir que están vinculados con el derecho a la vida, que es el primer
derecho humano.
Este
principio, reconocido en varios textos constitucionales, se ha visto
fortalecido con la protección reconocida a todo trabajador en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, conformado, entre otros, por la
Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23 a 25), la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts. XIV y XV) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a
los que deben agregarse los instrumentos internacionales especializados, como
el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador, arts. 6 y 7), la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los derechos
del Niño (art. 32), entre otros.
El Derecho Internacional de Derechos
Humanos que emana de estos pactos y tratados es de aplicación universal,
imperativa y “erga omnes” porque, a diferencia de otros documentos, el
sujeto principal de los mismo no son los Estados signatarios, sino la persona
humana.
Ese marco normativo se complementa
con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), única
entidad a nivel mundial que es fuente exclusiva de normas supranacionales
relativas a los derechos laborales, a cuyo respecto los Estados Miembros deben
adecuar su propia legislación. Cabe señalar que, de acuerdo al principio del
art. 19.8 de la Constitución de la OIT, los instrumentos emanados de ella no
pueden menoscabar cualquier norma nacional que garantice a los trabajadores
condiciones más favorables. En Argentina sus normas constituyen fuente de
Derecho del Trabajo, con jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22,
Constitución Nacional).
La identificación de los derechos
laborales como derechos humanos tiene un valor estratégico incalculable.
Significa reconocer que los llamados derechos humanos de segunda generación,
los derechos sociales y laborales, no son otra cosa que una manifestación de
los derechos humanos de primera generación, en particular de los derechos a la
vida y al respeto irrestricto de la dignidad de la persona.
Derechos
que lejos de perderse o atenuarse, se potencian cuando se trata de la persona
que trabaja por cuenta ajena, tal como lo prueba el desarrollo del
Constitucionalismo Social. Difícilmente el discurso neoliberal pueda
contradecir verdades tan evidentes.
VI. Profundizando la Carta
Sociolaboral Latinoamericana
En la Carta de Cochabamba, fechada el
07/02/2007, la ALAL reafirmó su identidad ideológica, frente a algunas dudas
que había despertado su gestión en el período previo. Ante el peligro de que se
convierta en una organización “académica”, como las muchas que ya existían, con
posiciones políticas poco claras, algunos compañeros se lanzaron al rescate y
propusieron el debate de un documento, que fue aprobado por unanimidad. En él
se decía:
“La ALAL no fue pensada como un
espacio para el debate doctrinario, como los tantos que ya existen. Pero
pretende generar la mejor doctrina, como una herramienta más para alcanzar sus
fines.
La ALAL no es ni será neutral. Tiene
una clara posición y una actitud militante en la lucha por un orden social
justo y por un Derecho del Trabajo apoyado sobre los principios protectorio y
de progresividad.
Sabemos que este objetivo será una
utopía, si no logramos transformar las estructuras sociales y económicas de
dominación, de marginación y de injusticia social que sufren nuestros pueblos.
Y para ello es condición
indispensable la unidad e integración latinoamericana.
La ALAL no se propone solo describir
la realidad. Se propone transformarla. Porque no queremos ser meros
espectadores, sino activistas de los cambios que demandan nuestros pueblos.
Pretendemos incidir en cada uno de nuestros países en los procesos de
transformación social.”
Luego
de tan categóricas definiciones, el documento proponía construir un nuevo
modelo de relaciones laborales, considerando agotado el paradigma neoliberal
vigente. Seguidamente enunciaba lo que denominó “los postulados fundantes” de
ese modelo de relaciones laborales, y que fueron el embrión de un proyecto de
Carta Sociolaboral Latinoamericana que se aprobó en México, dos años después,
con los veinte derechos y garantías laborales que la ALAL propone como su
contenido.
La Carta ha sido intensamente
difundida y debatida en Latinoamérica, en numerosos eventos académicos y
actividades sindicales, mereciendo siempre una entusiasta aprobación. Así
alcanzó una “mayoría de edad”, lo que ha llevado a que los colegas de México,
que organizarán un Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas en su
país, en noviembre próximo, propongan que el eje sea la profundización y
desarrollo de su contenido. Por tal motivo en Argentina se constituyó un grupo
de trabajo, con reconocidos juristas, que están trabajando en una propuesta que
deberá debatirse en esa oportunidad.
La idea es desarrollar y fundamentar
los derechos y garantías laborales de la Carta, con apoyo explícito en todos
los documentos, tratados y convenios que conforman el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, facilitando su difusión entre los trabajadores, los
sindicatos y los abogados laboralistas latinoamericanos.
En el documento que se está elaborando,
entre otras cosas se declara:
v Que
la dignidad del trabajador es inviolable, siendo responsabilidad de los Estados
que sea respetada, protegida y garantizada;
v Que la persona humana debe ser el centro, partícipe y
beneficiaria principal de todos los procesos de desarrollo nacional, regional y
universal;
v Que la esencia y fin de los procesos de globalización debe
ser la globalización del trabajo digno;
v Que toda regulación del trabajo humano debe estar regido
por el principio democrático, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la
sociedad, también lo sea en la empresa;
v Que queda prohibida toda discriminación, en cualquiera de
sus formas, tanto en el empleo, en el acceso a él, como en los procesos de
oferta, selección y contratación;
v Que toda persona debe tener garantizada la igualdad
efectiva de derechos, trato y oportunidades, en todos los aspectos del derecho
del trabajo;
v Que toda persona tiene derecho a un empleo estable,
quedando prohibido el despido arbitrario o sin causa;
v Que el trabajador(a) debe recibir un salario que le
permita satisfacer, real y efectivamente, todas sus necesidades materiales y
espirituales, sin perjuicio de su derecho a la participación en las ganancias
de su empresa;
v Que los Estados y los empleadores deben garantizar la
preservación de la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores(as),
debiendo desarrollar políticas efectivas de prevención de los riesgos
laborales. Cuando éstas fracasan, la reparación de los daños debe ser integral;
v Que toda persona tiene derecho a la organización sindical
libre y democrática, a la negociación colectiva y a la huelga, en cualquiera de
sus manifestaciones;
v Que los Estados deben garantizar el acceso a una
jurisdicción especializada en Derecho del Trabajo, regulándose un procedimiento
sencillo, rápido y gratuito;
v Que
los Estados no sólo deben abstenerse de interferir, directa o indirectamente,
en el goce y ejercicio de los derechos, libertades y
garantías
reconocidos en la Carta, sino que deben adoptar las medidas necesarias para
asegurar su plena vigencia;
v Que los Estados deben abstenerse de celebrar contratos con
empresas que no respeten los derechos, libertades y garantías de la Carta;
v Que los derechos laborales son imprescriptibles;
v Que
todos los trabajadores(as) tienen los derechos a tener y ejecutar un proyecto
de vida y a la inclusión social, siendo obligación de los Estados garantizar su
efectivo goce.
VII. A modo de final
Cuando parecía que grandes segmentos
de nuestras sociedades se habían resignado a pensar que el mundo será
capitalista hasta el fin de los tiempos, aparecen en escena hechos que lo
desmienten. No me refiero a la constatación de que la promesa del
neoliberalismo de construir una sociedad mejor y más justa ha quedado
totalmente desvirtuada, ya que a todos los procesos de ajuste conocidos se
realizaron (y se realizan) a expensas de los sectores sociales desprotegidos y
vulnerables, aumentando geométricamente las desigualdades. Me refiero a ciertas
señales, mencionadas más arriba, que nos permiten aventurar que estamos en
presencia de la manifestación de un estado de conciencia social, respecto al
agotamiento de un modelo y a la esperanza en la construcción de una alternativa
posible.
La primer señal, sumamente positiva,
es que en el escenario mundial aparecen actores sociales que han perdido el
temor de navegar contra la corriente, y que no les preocupa que el discurso
dominante los coloque en el terreno de la irracionalidad económica y política
o, peor aún, directamente de la locura. En los casos que hemos mencionado, ha
quedado demostrado que navegar contra la corriente no significa,
necesariamente, darle la espalda a la sociedad, sino todo lo contrario. La
segunda señal es que la obligación de elaborar una agenda concreta
y
realista de políticas e iniciativas, no ha significado en estas experiencias el
abandono de los ideales socialistas y de las utopías.
Y como nosotros, los abogados
laboralistas latinoamericanos, no nos resignamos al rol de meros espectadores
de los cambios políticos y sociales que se están produciendo, pretendemos hacer
nuestro aporte para la construcción de un nuevo modelo social, político y
económico, desde nuestro lugar, Latinoamérica, y al lado de los trabajadores. Y
desde ahí impulsamos la cuestión de la integración latinoamericana, como única
respuesta a las lacras y miserias de la globalización capitalista. Y, en ese
marco, proponemos al movimiento obrero y a los gobiernos progresistas de la
región, una Carta Sociolaboral Latinoamericana. No como un mero amontonamiento
de derechos laborales y previsionales “mínimos”, sino como un nuevo paradigma
laboral, con valores y principios diferentes y opuestos a los del modelo
neoliberal en vigencia. ¿Imposible? Como dijo Simón Bolívar “lo imposible
es lo que tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos
los días”.
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